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Respetado lector (presidente de la república, secretario de estado, jefe de gobierno, magistrado, legislador, empresario, trabajador…) ofrezco a tu consideración las reflexiones siguientes:

Primera. ¿La huelga es un derecho humano de protección obligatoria en nuestro país? Sí. En su artículo 1º nuestra Constitución dice que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección […]”.

Segunda. ¿Las empresas tienen la obligación de respetar y/o en su caso reparar los derechos humanos inherentes a la huelga? Sí. Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU) en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción (por citar solo un instrumento convencional) se derivan de:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Tercera: ¿La huelga termina con el solo paso del tiempo? No. De hecho, el principio 3 del PMNU dice que “las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.

Entonces: ¿qué pasó con la huelga del Frontón México, iniciada en 1996? ¿Concluyó? Según un reportaje de la revista Proceso aún no. Sin embargo, varios funcionarios públicos y empresarios anuncian a todo pulmón la reapertura del recinto con casino incluido (¿y qué dice la concesión?).

¿Qué opina la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto? ¿Y la Organización Internacional del Trabajo? ¿El asunto debe ignorarse porque los huelguistas originales hoy solo son unos cuantos adultos mayores enfermos y/o difuntos?

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección y Derecho en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.