compartir en:

La política de ciudades santuario ha derivado en un abierto enfrentamiento con el presidente Donald Trump, quién busca imponer la autoridad del gobierno federal sobre esas jurisdicciones en aras de reafirmar su política migratoria, y cuyo desenlace podría ser decidido por la Suprema Corte de Justicia.

POLÉMICA

El debate se revivió el pasado 30 de noviembre después que un jurado en San Francisco declaró inocente al inmigrante indocumentado mexicano José Inéz García Zárate, quien fue acusado de haber disparado contra la joven estadounidense Kate Steinle el pasado 1 de julio. 

El caso fue politizado tras revelarse que el inmigrante mexicano había sido deportado cinco veces y cumplió condena en la prisión federal por volver a ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Tres meses antes del incidente que costó la vida a Steinie, el mexicano había sido liberado de la cárcel de San Francisco, pese a una solicitud de las autoridades federales de inmigración para detenerlo por nuevos procedimientos de deportación, debido a la política de cuidad santuario adoptada por esa municipalidad.

CONSECUENCIAS

Semanas después, el Departamento de Justicia anunció que detendría los fondos de un popular programa de donaciones para departamentos de policía, cuando las autoridades estatales y locales no cooperen con el gobierno federal, dando acceso a sus cárceles y notificando con 48 horas de anticipación antes de liberar a un inmigrante indocumentado buscado por la justicia.

CONTRA ATAQUE

En septiembre pasado, un juez de la ciudad de Chicago emitió una orden válida en todo Estados Unidos a fin de evitar que el gobierno federal pueda retener recursos a las ciudades santuarios, o aquellas que protegen a inmigrantes sin documentos.

La orden derivó de la demanda de la ciudad de Chicago contra el procurador general Jeff Sessions luego del anuncio de julio, pero fue apelada por la administración Trump.

Sin embargo en noviembre, un juez federal bloqueó de manera permanente la orden ejecutiva de Trump al amparo de la cual el Departamento de Justicia hizo su anuncio oficial, como consecuencia de otra demanda presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara, California.