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Por Patricia Guillén

El Gobierno de la Ciudad de México expropió los predios San Antonio I y II de la colonia Tránsito, delegación Cuauhtémoc, en donde estaba instalado el mercado de “las pulgas”; los planes son rehabilitar la zona a un año de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) realizará un operativo.

En conjunto suman cuatro mil 598 metros cuadrados, con  los que se buscará mejorar la percepción de seguridad, aquí se construirán edificios para el gobierno.

El 15 de enero de 2016, la SSP decomisó varias toneladas de mercancía de dudosa procedencia, principalmente ropa de paca, zapatos, mochilas y perfumes.

En total se retiraron 110 puestos semifijos de la vía pública y se retiraron 240 toneladas de objetos  presuntamente ilegales.
Esto provocó el descontento de los comerciantes, quienes a través del Frente Nacional del Comercio Informal acusaron en ese momento al gobierno de la ciudad de robarles sus productos y aseguraron que no iban a permitir se les retirara su fuente de ingresos.

En tanto, Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió los trabajos en las dos naves comerciales de San Antonio Abad por violaciones de uso de suelo, pues e los permisos que se encontraban en el interior no eran oficiales.
De acuerdo con una publicación difundida en la Gaceta Oficial este martes, el predio, que pasó a ser de utilidad pública, presentaba deterioros desde el sismo de 1985.

Se destaca que no tiene el espacio suficiente para cumplir con los elementos de seguridad y esparcimiento, ya que en su mayoría está deteriorado.

Estos espacios comerciales cuenta con uso de suelo habitacional y de bodegas.

Se considera un sitio de difícil accesibilidad y se detalla que la presencia de los comercios atrajo actividades delictivas, que en consecuencia también se registraron altos robos y asaltos a transeúntes.

La publicación específica que este lugar  ahora será utilizado como oficinas por la cercanía en la que se encuentra con el resto del centro histórico.

“Es necesario mejorar la infraestructura y equipamiento de la zona, en beneficio colectivo con la construcción de oficinas de gobierno que cumplan con el objeto de dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública” se lee en el documento.