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Por: Ana Paulina Rivera.- Desde el 2009, la empresa canadiense Almaden Minerals, ha ingresado a la fuerza al municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, aseguran sus pobladores en entrevista para Diario de México.

Ignacio Carmona Cruz, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, refiere que la empresa primero quiso comprar favores, “regalando pinturas para nuestras casas”, luego, al ver la negativa de los pobladores, se ponían más agresivos: “decían que vendrían los federales, que tenían permiso de “arriba”; pero el gobierno no tiene permiso de dar autorización sin permiso de nosotros”, asegura.

Incluso han recibido amenazas de muerte. “Pero nosotros hemos ido investigando, no nos dejamos”.

Para Francisca Zamora Morales, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, Almaden Minerals ingresó a su municipio con engaños: “dijeron que querían trabajar”.

Coincide con Ignacio que poco tiempo después empezaron a surgir las amenazas.

Y es que desde hace 5 años, los pobladores indígenas fundaron la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, para “luchar contra la minera canadiense”.

Almaden Minerals busca llevar a cabo el proyecto “Depósito Ixtaca” para la exploración de oro y plata en el territorio poblano. Actualmente se encuentran en fase de exploración: “colocan un tubo a 350 metros de profundidad para sacar pruebas de metales en la tierra, y ver qué tanta cantidad de oro y plata hay en el área”, explicó Francisca Zamora Morales.

Sin embargo, organizaciones como Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER); junto a la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA y a las comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, han realizado una  Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) destacando que si  “Depósito Ixtaca” sigue adelante, dañaría el suelo, la flora y la fauna por la fragmentación del ecosistema.

“Perderíamos nuestros territorios; el agua, la tierra, la biodiversidad, nuestro bienestar social, se vería muy afectado”, recalcó Francisca Zamora Morales.

Almaden Minerals posee 197 concesiones mineras en México, entre vigentes y canceladas, que en total ocupan 451,127.28 hectáreas, lo equivalente a más de la mitad de la superficie que integran los 66 municipios de la Sierra Norte de Puebla.

En febrero de 2017 informó, a través de un comunicado de prensa, que continuará “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que su informe preventivo fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120-SEMARNAT-2011”.

“A nosotros nos dicen que ya están en más avanzados, que ya perdimos, nos dicen muchas mentiras”, asegura Ignacio Carmona Cruz.

La empresa canadiense no ha informado a sus inversionistas que una comunidad indígena inició un recurso legal (amparo 445/2015 radicado en un Juzgado de Puebla). Revelar esta información es una exigencia de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) debido a que implica un riesgo para los inversionistas, entre los que se encuentra el Royal Bank of Canadá.

Mediante el amparo, el ejido tecoltemic logró quedar fuera del rango del proyecto de la empresa, no obstante, aún quedan 5 comunidades en riesgo: La Vega, Cruz de Ocote, Loma Larga, San Isidro y Xiuquenta.

Las actividades mineras del proyecto podrían dañar severamente la salud de la población de las comunidades en el área de impacto por exposición (ingestión, inhalación y contacto con la piel) a sustancias peligrosas y a las condiciones alteradas del medio ambiente. 70% de los encuestados consideran que en caso de realizarse el proyecto minero su salud podría verse afectada, 20% de los encuestados dicen que el proyecto ya ha afectado su salud y la de su familia; incluida la emocional.

La empresa está investigada por violar normas mexicanas al realizar 236 barrenos más de los autorizados.

Los afectados instaron a SEMARNAT a que no otorgue más permisos a la empresa; y a PROFEPA a que sancione a la compañía por las irregularidades documentadas.