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Por Nadia Venegas

Subir el precio o cerrar, esa es la disyuntiva que tiene que enfrentar Melissa Román, la dueña de una tortillería ubicada al norte de la Ciudad de México.

El kilo del producto cuesta 13 pesos y el medio 7, pero es un precio que no podrá conservar.

“La tortillería tiene cuatro años”, relató, “pero antes mi familia tenía otra cerca del mercado de Jamaica, entonces sí podríamos decir que es un negocio de toda la vida”.

“El problema es que ahora sí está muy complicado todo y estamos tratando de mantener el importe porque sé que andan bravos con las verificaciones, pero no están pensando en nosotros; si de plano no nos dejan aumentarlo, sí tendríamos que pensar en qué más vender”. 

Esta es la situación que enfrentan cientos de vendedores de tortillas, tanto en la capital como en otras entidades, quienes además de enfrentar algunas crisis por el alza en gasolina, luz o gas tienen que encarar una persecución de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Desde el pasado jueves 12 de enero, la Profeco envió 26 mil requerimientos de información a pequeños comerciantes de todo el país, esto con la intención de verificar si existe algún aumento.

De estos, 15 mil son para tortillerías, dado que no tenían justificación para presentar incrementos.

“Nosotros vivimos de vender tortillas y a manera personal también usamos gasolina en nuestros coches, con algo debemos pagarla. Además tenemos dos motos de repartidores, de las que también estamos gastando más. Yo creo que quieren que tronemos”.

De acuerdo con el Consejo Empresarial de la Industria del Maíz y sus Derivados, las medidas tomadas por el gobierno federal son fuera de la realidad y las adiciones que hasta el momento se han aplicado no superan los dos pesos.

“La Profeco debería entender que la manera en que redacta sus oficios no debería de ser tan agresiva, sobretodo porque se está suponiendo que el negocio ya incrementó el precio y que lo hizo en una forma abusiva”, comentó en una entrevista Greta Villaseñor, directora de este organismo.

“Está justificado un incremento, no por la gasolina, es una serie de costos que se han ido incrementando a lo largo del sexenio”.

En otros estados, se informó, existen ampliaciones de hasta cinco pesos; como en municipios de Michoacán, donde el kilo pasó a 19 pesos.

Villaseñor explicó que no es sostenible que las tortillerías mantengan los montos del año pasado, ya que sólo le ganan algunos centavos a cada kilo que se vende.

“Los comercios ya tienen una disyuntiva, o incrementa el precio, aunque sea mínimamente, o cerramos el establecimiento”.

De continuar con medidas similares, dijo, podrían aumentar los negocios informales. “Se puede dar el caso de cerrar el negocio formal y salir a repartir tortilla en un triciclo, una bicicleta y venderlos a taqueros, abarrotes, mercados, donde el comprador no te exige una factura”.

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), las cocinas económicas y restaurantes ya tienen alzas de hasta un 10% en sus platillos.

Esto se da en productos de precios liberados, como lo son las carnes, verduras y legumbres; las cuales proyectan este año podrían alcanzar hasta un 30 por ciento.

Al calificarlo como un acoso, la Canacope ofreció a los dueños de tortillerías asesorías para no pagar multas derivadas de los requerimientos y se advirtió que se podría incluso llegar al amparo.