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Por Nadia Venegas

Por considerar que viola los derechos humanos de los habitantes del pueblo Santa Úrsula Xitla, vecinos de la delegación Tlalpan promovieron un amparo en contra de la construcción del centro comercial Patio Tlalpan.

Es en el Tribunal Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México donde se interpuso, el cual fue admitido, con la búsqueda de una sentencia que detenga esta obra que se estima tiene un avance del 90 por ciento.

La vecina Margarita Guevara promovió este recurso legal con el argumento de que se violan derechos de los pueblos indígenas de la zona, ya que es uno de los más antiguos de la capital.

"No necesitamos ese centro comercial, sino más áreas de interés común", expresó.

"Esta es nuestra última carta de un proceso largo y de mucha gente”.

En caso de no otorgarse este amparo, Octavio Ramírez, abogado de los colonos, destacó que acudirán a otras instancias.

"Si fuera necesario nos iremos hasta la Suprema Corte", destacó.

Se explicó que las obras por lo menos afectarían 20 colonias, ya que es un área de poca agua y la vialidad colapsada; además, implicó la tala de cientos de plantas.

"Se hizo un censo y había cerca de 700 árboles y sin contar con autorización devastaron 500; hoy sólo quedan 200".

Las obras de Patio Tlalpan son de la empresa México Retail Properties, de la que es presidente Jerónimo Gerard Rivero, presuntamente relacionado con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, acusaron en conferencia de prensa.

Iniciaron la construcción desde 2015, en un inmueble donde se encontraba la antigua Clínica San Rafael, la cual tiene una superficie de 101 mil 378 metros cuadrados y mil 580 cajones de estacionamiento.

Se informó que los recursos jurídicos de los colonos iniciaron desde 2012, cuando se vendió el predio y en diferentes ocasiones se lograron suspensiones provisionales.

“Claudia Sheinbaum nos prometió en campaña que se iba a clausurar, meses después sólo fueron a decirnos que la obra tenía todos sus permisos en orden”.

Se informó que no se aceptará ningún tipo de indemnización de daños a los colonos.

"Los derechos humanos no tienen precio".

Los habitantes esperan que la sentencia se dé en los próximos meses.